La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha concedido amparos a activistas para asegurar que el Presupuesto federal contenga un monto mínimo destinado al pago de indemnizaciones y otras acciones relacionadas con la atención a víctimas.
Esta decisión se tomó tras la orden de la SCJN de reestablecer o crear un fideicomiso con un propósito similar al del extinto Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas, que desapareció el 6 de noviembre de 2020. En aquella ocasión, el gobierno federal eliminó este fondo de la Ley General de Víctimas para utilizar sus recursos en la atención de la pandemia.
De manera unánime, la Primera Sala aprobó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que los recursos destinados a estas acciones no sean inferiores al 0.014% del gasto programable en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El amparo concedido al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y a Fundar destacó que la extinción del fondo implicó la interrupción de los pagos de indemnizaciones como reparación del daño, lo que evidenció el incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado hacia las víctimas.
Además, la Primera Sala también otorgó un amparo contra la extinción del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), decretada en la misma fecha. Los ministros argumentaron que el Poder Legislativo no demostró un mal manejo de los recursos del fondo, motivo utilizado para su desaparición, y que se violaron los derechos de participación cultural y libre manifestación de ideas.
El presupuesto destinado a la atención de víctimas incluye pagos de indemnización, gastos de traslado para seguimiento de investigaciones, atención médica y medicamentos, gastos funerarios, atención psicológica y rehabilitación de sobrevivientes de tortura, entre otros aspectos.
Con esta decisión, la SCJN rescata el fideicomiso de ayuda a víctimas y asegura un presupuesto mínimo destinado a garantizar la reparación del daño y otras medidas importantes para la atención y protección de las víctimas en México.